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CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO 23: PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS

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Autor: Felipe Ignacio Saavedra Véliz

En España el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), identifica la existencia de un total de 762 masas de agua con carácter inter e intracomunitarias a lo largo y ancho del país, las cuales ocupan un total de 360.788 Km2 lo que representa alrededor del 70% del territorio nacional. El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), en su artículo 40, define a las masas de agua subterránea como un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos, es decir que cuando hablamos de masas de agua nos referimos principalmente al contenido (el agua) de los espacios conocidos como acuíferos (el contenedor).

Uno de los contenedores de masas de aguas más grande que encontramos en el territorio español es el acuífero 23 o acuífero de La Mancha occidental, con una extensión de 5.500 km2 sobre la cual se asientan más de 30 municipios distribuidos en tres provincias como lo son Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Por las características del terreno e interconexión entre aguas subterráneas y superficiales se ha propiciado la existencia de grandes afloramientos de aguas subterráneas en zonas como Los Ojos del Guadiana y Las Tablas de Daimiel. 

Ante la inexistencia de la concientización sobre el medio ambiente, en el año 1950 La Administración del Estado Español, considero la agricultura de regadío como un medio para combatir o paliar las precarias condiciones sociales y económicas de la zona, producto de ello, a principios de los años 80 se constata que las extracciones eran muy superiores a la recarga natural del Acuífero con 51.465 hectáreas de cultivo que se riegan con agua extraída ilegalmente. Para afrontar esta situación, la Administración Hidráulica, Confederación Hidrográfica del Guadiana acordó declararlo provisionalmente sobreexplotado en 1.987 imponiendo severas reducciones en las extracciones mediante la aprobación del denominado Régimen de Explotación y prohibiendo la apertura de nuevos pozos, a la vez que se establecía la obligatoriedad de constituir Comunidades de Usuarios. El proceso culmina con la declaración definitiva de sobreexplotación y aprobación del Plan de Ordenación de las Extracciones por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de fecha 15 de diciembre de 1.994.

Foto 1. Número de hectáreas regadas con agua ilegal en los acuíferos más sobreexplotados de España, 2021 (Fuente: Wide Fund for Nature WWF)

Esta declaración legal definitiva de sobreexplotación significa el establecimiento de un régimen jurídico concreto aplicable en todo el ámbito territorial del Acuífero 23 que contiene una serie de limitaciones y restricciones impuestas de forma general y obligatoria a los usuarios del agua

A pesar de estas restricciones y obligatoriedades establecidas legalmente por sobreexplotación, actualmente el acuífero 23 se ve amenazado por la existencia de otros factores que afectan directamente la  preservación de la calidad de sus aguas, ya que en el año 2018 se presento un proyecto en el ayuntamiento de alcázar de San juan para la creación de una macro granja porcina, la cual consiste un tipo de ganadería industrial en donde se acogen a miles de cabezas de ganado en una única instalación y que es capaz de producir un impacto negativo en las aguas subterráneas las que se abastecen muchos municipios de la comarca. Principalmente, la contaminación se produce por la generación de purines, es decir, excrementos y orines del ganado mezclados con agua, con alto contenido en nitrógeno y fósforo.  Estos desechos van a parar a unas balsas que al ser vaciadas diezman los terrenos agrícolas y contaminan el agua del acuífero que deja de ser potable ante la gran concentración de contaminantes.

Foto 2. Greenpeace verificando contaminación de las aguas por la industria ganadera en Caparros Navarra, 2021 (Fuente: Greenpeace)

En Europa son conscientes de los daños para la población, el medio ambiente y el bienestar animal que provoca esta actividad ganadera y, desde hace años, muchos países han endurecido la legislación que regula estas prácticas, por lo que la industria porcina ha ido buscando países y regiones con legislación más permisiva y menor control sobre su actividad, eligiendo a España como país de destino, donde al calor de las subvenciones se han ido implantando primero en Cataluña, después en Aragón, Segovia, Murcia y ahora en Castilla-La Mancha. De acuerdo con datos de la Agencia Catalana del Agua, Cataluña ya tiene contaminados por nitratos el 41% de sus acuíferos a causa fundamentalmente de este tipo de prácticas ganaderas. 

Las macrogranjas son el modelo de bajo coste para el mercado de la carne y suponen un peligro para la salud, el medio ambiente y los animales. Tienen un nulo impacto en las economías locales, ya que al estar altamente automatizados todos los procesos, no se generan puestos de trabajo. La falsa promesa de beneficio para la localidad se transforma con el tiempo en una carga difícil de soportar para los ayuntamientos, que se ven obligados a realizar inversiones para mitigar los efectos negativos de esta actividad, cuya producción se destina principalmente a la exportación al mercado asiático, y donde los beneficios económicos no se quedan en las localidades donde se establecen. 

Además, otro de las complicaciones de este proyecto, recaen en que en la zona donde se piensa instalar es una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos por la propia Junta de Castilla-La Mancha, con el consiguiente riesgo para el abastecimiento una comunidad que depende totalmente de las aguas subterráneas para su abastecimiento y el sostenimiento de su actividad económica y su patrimonio cultural.

Siguiendo los ejemplos internacionales de países restrictivos con este tipo de practica como  

el acuerdo de coalición en Alemania que habla de una “reestructuración de la ganadería” y de apoyar a los ganaderos “en el camino hacia la neutralidad climática”. Y el caso de Francia en donde su presidente, Emmanuel Macron, ha defendido la necesidad de una transformación del modelo productivo y de consumo. Surge como una posible alternativa a esta problemática la propuesta de un nuevo modelo para el sector agroalimentario de la región, que pase por potenciar la agricultura ecológica, la producción de calidad de las pequeñas explotaciones familiares, que fije población en el medio rural y apoye la ganadería extensiva, ecológica y local, con un modelo sostenible que ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven del sector agrario y, en consecuencia, de la economía local. 

Bibliografía

  • https://www.ecoticias.com/naturaleza/64145/acuiferos-constituyen-valiosos-ecosistemas-acuaticos
  • https://hispagua.cedex.es/datos/hidrogeologia#2
  • http://www.acuifero23.com/html/historia.html
  • https://elsemanaldelamancha.com/art/24105/acuifero-23-sin-macrogranja
  • https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-12-05/vida-y-muerte-en-las-tablas-de-daimiel.html
  • https://www.fundacionaquae.org/acuifero-23/
  • https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/tabla1-masas-de-agua-subterranea-825-marco_tcm30-527535.jpg
  • https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-01-12/claves-de-la-polemica-de-las-macrogranjas-en-espana-cuales-son-sus-efectos-negativos-que-dijo-exactamente-garzon.html

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