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Gemelos 28

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Gemelos 28

“Foto 1. Localización de Los Gemelos 28”.

Fuente: (Fuente :Googlemaps)

 

Los Gemelos 28 de Benidorm es un complejo de pisos de lujo formado por dos torres de 22 plantas cada una, que conforman una totalidad de 168 viviendas habitadas desde 2011. La construcción de este complejo se llevó a cabo en 2005 bajo la autorización de la Administración Autonómica Valenciana. La controversia generada sobre este tema se debe a que la construcción de las citadas torres en 2005, bajo el mandato del PP, se hizo contraviniendo la Ley de Costas que estaba en vigor desde 1988.

 

La Conserjería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat, que es la que tiene competencia en materia de costas dio luz verde a la construcción de estas torres a pesar de que parte de ellas se situaban sobre  20 metros de la zona de servidumbre de protección de costas y por consiguiente, construyendo en contra del criterio sentado por la Demarcación de Costas de la Administración del Estado, que consideraba que dicha decisión era ilegal.

 

El Gobierno de España, y en concreto el Ministerio de Medio Ambiente competente en materia de Costas mantuvo una actitud en contra de esta decisión del gobierno del PP valenciano e interpuso un recurso contencioso administrativo contra dicha decisión. Se sabe también que Greenpeace, en su informe monográfico de 2006, titulado Destrucción a toda costa, incluye el caso de los Gemelos 28, denunciando los graves atentados ambientales que se estaban produciendo en gran parte del litoral mediterráneo.

El gobierno Autonómico y la promotora recurrieron múltiples veces la decisión de los tribunales que suponía la demolición de los edificios. A pesar de ello y debido al rechazo del Tribunal Supremo a los últimos recursos, las torres están sentenciadas a ser derruidas.

 

Uno de los problemas a los que se debía hacer frente tras la decisión de demolición de los edificios era qué hacer con los propietarios de apartamentos. Frente a esto, la sentencia establece que se debe indemnizar a los propietarios con un 20% más del precio que pagaron por sus inmuebles. Los 168 apartamentos tenían un precio cuando salieron a la venta de entre 400.000 y 700.000 euros, lo cual supone unos 180 millones de euros destinados a estas indemnizaciones.

 

 

Nos encontramos, por lo tanto, ante una situación que ha generado un impacto económico, ambiental y, en definitiva, social que nos lleva a preguntarnos si habría sido posible evitar. No solo es importante analizar el problema desde el punto de vista externo a la ingeniería (una mala gestión política), sino el papel importante del ingeniero o el arquitecto, como ordenador del espacio urbanístico, siempre bajo el respeto hacia el medio natural que rodea a la infraestructura, respeto que en este caso en particular se ha descuidado. 

 

Otro asunto a tener en cuenta es que, tras la demolición de estos edificios, podría volver a edificarse en la misma zona, pero unos metros mas atrás salvaguardando la zona de servidumbre de la Ley de Costas. Este tema hace pensar en la necesidad de actualizar las leyes relacionadas con la protección del medio ambiente. Una ley tan antigua como la ley de costas, no tiene en cuenta los grandes impactos visuales y medio ambientales que pueden llegar a generar aspectos relacionados con la construcción. En este caso en concreto, la ley del suelo prohíbe la edificación en la zona de servidumbre, pero no se limita la dimensión de las edificaciones. Este mismo edificio, una vez demolido podría volver a construirse salvaguardando los 20 metros que en la actualidad sobrepasa y esto no supondría ninguna diferencia en el impacto visual y medioambiental que genera. Este problema se puede extrapolar a la situación de masiva edificación que se da en algunas ciudades del levante español y más concretamente en Benidorm, donde se ha alcanzado una situación de no retorno producto de la mezcla de una mala gestión política, y una necesidad excesiva de explotación económica de una zona turística en la que no se ha tenido en cuenta como esta edificación sin limites ha podido afectar al patrimonio natural.

 

Finalmente, a noviembre de 2018, La Justicia ha establecido tres meses de plazo a la Generalitat para presentar el proyecto de demolición y valorar las indemnizaciones para los afectados.

 

“Foto 2. Vista desde la línea de costa de Los Gemelos 28”.

Fuente: (El País, Rosa Fuster)

 

 

Elisa Pamplona Frey

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