El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha paralizado por el momento la reposición de los terrenos a la situación inicial de la isla de Valdecañas (Cáceres), un complejo de lujo cuya construcción fue denunciada por los ecologistas al encontrarse en una zona de especial protección (ZEPA) perteneciente a la Red Natura 2000. La Sala ha encargado ahora un informe pericial independiente para determinar el verdadero grado de impacto ambiental de la urbanización y si existía justificación para que el espacio ocupado por la misma, fuera incluido en la ZEPA.
Y es que el desarrollo urbanístico de la isla cacereña ha recibido tantas duras críticas como acérrimas defensas. ¿Cuánto es de compatible la conservación medioambiental con el desarrollo de la región? ¿Es posible una solución que complemente ambas necesidades?
Imagen cenital de la Isla de Valdecañas. EL MUNDO
Desde el punto de vista de numerosas asociaciones ecologistas lo tachan como “uno de los proyectos especulativos ligados al ladrillo, que se intentaban vender a toda costa a los vecinos de las localidades cercanas, bajo el mantra del empleo, el progreso y el bienestar”. Defienden que debido a su condición de ZEPA no debe de edificarse en las mismas y acusan al gobierno de la región de haber llevado a cabo el proyecto incumpliendo la normativa, tanto por la utilización de un PIR sin que el proyecto cumpliera los requisitos necesarios, como de cambios legislativos sin consulta constitucional, de relajar las inspecciones obligatorias y permitir continuar con el proyecto para estar, de esta manera, “amparados por la política antisocial de los hechos consumados”.
Entre los efectos que advierten que esta obra propiciaría o ha propiciado, se encuentran los impactos contra las aves ya que, afirman que las especies avifauna han disminuido su población desde que se levantó el resort; así como contra el hábitat, denunciando una desecación a lo largo de 5km del rio Tajo, al bajar la cota del embalse para poder realizar las infraestructuras de comunicación de la isla con la península, que habría aumentado la eutrofización del ecosistema, puesto en peligro la supervivencia de muchas especies al estar más accesibles por depredadores y aumentado la mortandad de peces.
Desde la otra cara de la moneda en la que se sitúan el gobierno de la región y la empresa propietaria del resort, defienden la legalidad del complejo, y mantienen que supone la creación de múltiples puestos de empleo estable, lo que generaría una regeneración económica y social de los pueblos colindantes, en los que la población se ha visto fuertemente mermada en los últimos tiempos. Defienden que la construcción del resort “en modo alguno ha supuesto daños para el medio ambiente y particularmente para la población avifaunística y que la demolición, sin embargo, podría causar daños más graves al medio ambiente” además del alto coste que le supondría al estado la demolición, cifrado entorno a los 34 millones de euros.
Un equipo investigador del departamento de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura, ha realizado un estudio sobre el impacto socioeconómico del PIR de Valdecañas. En él afirman que la Isla “ha mejorado la situación de su entorno, gracias a un proyecto de regeneración ambiental por el que se plantaron 4.500 nuevos árboles de especies autóctonas”; y que las poblaciones de aves “lejos de verse comprometidas o disminuidas, se han incrementado de forma exponencial, dada la mayor vigilancia a la que la zona ha sido sometida, evitando el furtivismo en la isla”. Además los investigadores consideran que “La declaración de inclusión en zona ZEPA fue arbitraria, sin rigor científico ni académico”.
La Junta de Extremadura ha defendido que es “perfectamente compatible la conservación medioambiental con el desarrollo de la región”, y alega que entre “el desarrollismo devastador y el conservacionismo reaccionario hay un término medio”. Argumentan además que “si el entorno de Valdecañas tiene valor como zona de nidificación y alimento de aves, ello se debe precisamente a la construcción del embalse, lo que lleva a considerar que no toda actividad constructiva es necesariamente y por definición perjudicial para el hábitat de las especies protegidas”.
La empresa promotora por su parte defiende haber cumplido todos los criterios medioambientales durante la construcción del proyecto y que el resort sigue unos criterios ecosostenibles primando su integración en la naturaleza y el respeto al medio ambiente. Defienden que la emisión de gases a la atmosfera sería prácticamente nula puesto que la movilidad por el interior de la isla está pensada para hacerla en buggie eléctrico o bicicleta al estar equipada con senderos peatonales y carril bici; que tanto las villas como el hotel son ecosostenibles teniendo cada una su propio panel solar y que en el diseño del mismo se ha intentado perjudicar mínimamente el transito avifaunístico con construcciones bajas.
Por su parte los vecinos de los municipios de El Gordo y Berrocalejo, defienden la continuidad del complejo y han manifestado que la destrucción del complejo turístico sería “la muerte económica de la comarca”, ya que da trabajo fijo a unas 300 personas, algo que escasea por la zona, y ha logrado incrementar la población. Además prevén que debido al incremento del turismo aumentarían los negocios en los pueblos, mejorarían las infraestructuras de transporte y supondría la construcción de una depuradora en el pantano. Así mismo piden que se respete la esencia de ambos municipios, “que la dehesa y el campo se queden igual”, que no los perjudiquen y se cumpla con lo que acordó en el proyecto.
¿Es posible el dialogo entre medio ambiente y economía? ¿Sigue siendo válido el modelo de crecimiento que explota la playa pero olvida el comercio interior? ¿Es real el desarrollo sostenible en un lugar donde abundan las tierras pero no las oportunidades, donde nos centramos en el medio ambiente y nos olvidamos de las personas? ¿Se podría llegar a una solución intermedia entre el derribo y la no actuación de la justicia? ¿No debería haber actuado la justicia más deprisa para evitar llegar a la situación actual? Intereses distintos y abstractos hacen difícil la respuesta: para los habitantes prima por encima de toda la supervivencia del pueblo en el ámbito socioeconómico, mientras que para los ecologistas el derribo del proyecto supone una oportunidad para cambiar el modelo de crecimiento urbanístico y con él la mentalidad de la sociedad española.
Victoria Manget Sánchez- Sacristán
ETSI Caminos Canales y Puertos (UPM)
BIBLIOGRAFÍA:
§ Estado de los embalses y pantanos de España http://www.embalses.net/pantano-1207-valdecanas.html
§ Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Legislación sobre biodiversidad http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/legislacion/
§ Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Listado Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA) http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa.aspx
§ Natura 2000 Standard data form Embalse de Valdecañas http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/ES0000329_tcm7-155109.pdf
§ Web oficial del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas http://www.islavaldecanas.com/html/es
§ Articulo recogido en la página Ecowiki en relación a la construcción del complejo. http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/Complejo_tur%C3%ADstico_Marina_Isla_de_Valdeca%C3%B1as#2006
§ Conjunto de artículos periodísticos del diario el Periódico de Extremadura http://www.elperiodicoextremadura.com/temas/isla-valdecanas_27.html?inicio=10
§ “La isla que no debió ser” periódico El Mundo (autor David Vigario) http://www.elmundo.es/espana/2014/11/10/545fbac8268e3e6b1c8b4572.html