La lucha contra el desperdicio alimentario y la necesidad de transitar hacia sistemas alimentarios sostenibles han situado a los Bancos de Alimentos en la acción climática y social. En este contexto, el Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos de AEIPRO se ha convertido en un espacio privilegiado para mostrar cómo la ingeniería, la gestión de proyectos y las métricas ambientales pueden impulsar esa transformación.
En la edición de 2026, celebrada en Castellón, se presentó un trabajo que da un paso decisivo: desarrollar una metodología robusta aplicable en contextos reales, para estimar la huella de carbono de proyectos de seguridad alimentaria del Tercer Sector, tomando como caso de estudio la emblemática campaña de la Gran Recogida de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
La Gran Recogida es el proyecto anual más destacado de FESBAL, una campaña intensiva de entre tres y cuatro días en la que participan simultáneamente 54 Bancos de Alimentos en toda España. Durante este breve periodo se movilizan miles de personas voluntarias, empresas distribuidoras y ciudadanía para recolectar millones de kilogramos de alimentos destinados a familias en situación de vulnerabilidad.
Este modelo operativo, basado en la participación masiva y en alianzas estratégicas con la distribución comercial, se ha consolidado como un ejemplo de acción social de alto impacto, pero también plantea desafíos logísticos y de medición ambiental sin precedentes.
De los kilos al CO₂: por qué importa medir la huella de carbono
En este escenario, tradicionalmente el éxito de campañas se expresaba en toneladas de alimentos recuperados, un indicador clave pero insuficiente para capturar su verdadero impacto climático. El trabajo presentado en AEIPRO propone dar un salto cualitativo: incorporar la huella de carbono (HC) como indicador, entendida como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente a lo largo de la cadena de valor de los alimentos.
Para ello, se adopta un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) que permite estimar las emisiones asociadas a la producción, transformación y distribución de los alimentos hasta el punto de venta o donación (tramo farm‑gate to retail), alineado con estándares como la Global Reporting Initiative (GRI) y con criterios ESG (Environmental, Social and Governance).
Una metodología simplificada pero rigurosa, donde uno de los principales retos era la naturaleza descentralizada de la campaña: miles de puntos de recogida, centenares de entidades colaboradoras y datos agregados que dificultan la aplicación de metodologías clásicas como el GHG Protocol. Ante esta realidad, el equipo de investigación optó por una metodología simplificada, basada en un factor de emisión promedio ponderado que refleja la intensidad de carbono de la cesta alimentaria típica gestionada por los Bancos de Alimentos.
Tras una revisión sistemática de la literatura (2018–2024) y una evaluación de fiabilidad tipo Likert sobre siete fuentes de referencia (FAO, Poore & Nemecek, Tubiello, Crippa, entre otras), se seleccionó un factor de 2,8 kg CO₂eq por kg de alimento, representativo del tramo farm‑gate to retail y situado en la parte alta del rango para evitar infraestimar las emisiones. Este valor se validó además mediante un ejercicio de benchmarking con el Carbon Footprint Project CBA–FESBAL, comparando con los totales distribuidos anualmente por categoría de producto.
Más allá del cálculo numérico, la propuesta se distingue por integrar la medición de la huella de carbono en un marco de gestión de proyectos alineado con estándares internacionales. Se seleccionó el indicador GRI 305 (en particular GRI 305‑3 y GRI 305‑4) como núcleo del sistema de reporte, permitiendo evaluar tanto las emisiones totales como su intensidad en función de los kilogramos de alimentos gestionados.
Esta arquitectura se articula con los principios de la International Project Management Association (IPMA) y con el enfoque Working With People (WWP), que pone énfasis en la gobernanza participativa y en la construcción de alianzas entre actores públicos, privados y del Tercer Sector. De esta manera, la huella de carbono deja de ser solo un dato técnico para convertirse en un instrumento de gestión, diálogo y toma de decisiones compartida.
Aplicando el esquema metodológico a los datos de La Gran Recogida 2022‑2024, se cuantificaron las emisiones de CO₂ equivalente asociadas a los alimentos recaudados en cada Banco de Alimentos, permitiendo una lectura territorializada del impacto climático de la campaña. El total recaudado pasó de 13,21 millones de kg equivalentes en 2022 a 8,46 millones en 2023 y 8,71 millones en 2024, lo que se traduce en variaciones significativas en la huella implícita de los alimentos gestionados.
Esta información abre la puerta a identificar vulnerabilidades en la cadena de suministro, analizar la dependencia de determinadas alianzas con la distribución y explorar estrategias de diversificación de donaciones en función del impacto ambiental por categoría de producto.
Implicaciones para el Tercer Sector y la transición ecológica
El trabajo presentado en AEIPRO muestra que es posible dotar a los proyectos de seguridad alimentaria de métricas ambientales robustas, adaptadas a sus capacidades y a la realidad operativa del Tercer Sector. Al traducir los kilos de alimentos en kilogramos de CO₂ equivalente, los Bancos de Alimentos ganan un lenguaje compartido con empresas donantes, administraciones públicas y financiadores que operan bajo marcos ESG y de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En términos estratégicos, esta metodología permite priorizar intervenciones, justificar inversiones en digitalización (como el Plan B de FESBAL) y posicionar a los Bancos de Alimentos como actores clave de la economía circular y de la mitigación del cambio climático, más allá de su tradicional imagen asistencial.
Finalmente, el caso de la Gran Recogida evidencia el potencial de la colaboración entre universidades y organizaciones sociales para co‑diseñar herramientas que sean a la vez científicamente sólidas y operacionalmente viables. La combinación de análisis de ciclo de vida, estándares de reporte y gestión profesional de proyectos ejemplifica cómo la ingeniería puede ponerse al servicio de la justicia social y de la transición ecológica.
Este tipo de iniciativas refuerza la idea de que el futuro de los sistemas alimentarios pasa por medir mejor para decidir mejor: solo así podremos valorar en su justa medida el doble impacto, social y ambiental, de quienes cada día sostienen la seguridad alimentaria de miles de personas desde la lógica de la solidaridad organizada.
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