En el capítulo 8 de Libertad de elegir, Milton y Rose Friedman dedican su atención al trabajador. Pero no lo hacen desde la óptica habitual de quienes reclaman más protección estatal o derechos colectivos. Por el contrario, defienden que lo que realmente empodera al trabajador no son las leyes bienintencionadas ni los decretos del gobierno, sino la libertad individual y el dinamismo del mercado. Es una tesis que, décadas después, sigue siendo provocadora y profundamente vigente.
La promesa de la libertad individual
Los Friedman parten de una convicción esencial: el trabajo es una manifestación de la libertad personal. La posibilidad de elegir dónde trabajar, qué aprender, con quién asociarse y qué riesgos asumir es parte de lo que nos hace seres libres y responsables. En una economía abierta, los trabajadores no están atrapados en estructuras fijas, sino que pueden moverse, adaptarse y prosperar.
Frente a esto, muchas políticas públicas bienintencionadas han ido limitando esa libertad. Bajo la excusa de proteger al trabajador, el Estado ha terminado imponiendo normas que en la práctica lo excluyen o lo infantilizan. Esta contradicción es central en el análisis de los Friedman.
El salario mínimo: una trampa para los más débiles
Uno de los ejemplos más claros es el del salario mínimo. A primera vista, establecer un sueldo mínimo obligatorio parece una medida solidaria. ¿Quién podría oponerse a que los trabajadores ganen más? Pero como tantas veces sucede en economía, las consecuencias no intencionadas superan a las buenas intenciones.
Friedman lo explica con claridad: imponer un salario mínimo por encima del nivel que ciertos empleadores están dispuestos a pagar no elimina la pobreza, sino que elimina empleos. Y no cualquier empleo, sino precisamente aquellos que podrían ocupar los trabajadores con menos cualificación, los más jóvenes, los inmigrantes o quienes dan sus primeros pasos en el mercado laboral.
Lo que hace el salario mínimo es expulsar del sistema a quienes más necesitan una oportunidad. En vez de ganar experiencia, establecer relaciones laborales y progresar poco a poco, se les impide trabajar directamente. Así, una política diseñada para protegerlos acaba condenándolos al paro estructural o a la economía sumergida.
Desde esta perspectiva, la verdadera justicia social no consiste en fijar precios desde un despacho, sino en permitir que el mercado genere oportunidades reales para todos. No se trata de resignarse a que algunos ganen poco, sino de abrir caminos para que puedan mejorar. Como bien decían los Friedman, “el salario mínimo es una ley que dice: si no tienes la productividad suficiente, no tienes derecho a trabajar”.
Licencias profesionales: ¿garantía de calidad o barrera gremial?
Otro de los aspectos más discutidos del capítulo es la crítica a las licencias profesionales. En muchos países, incluido España, ciertas actividades están reservadas exclusivamente a quienes poseen un título oficial o están colegiados. Se dice que esto protege al consumidor, pero ¿es siempre así?
Los Friedman cuestionan esta lógica. En muchos casos, estas licencias no responden a una necesidad real de seguridad o calidad, sino a la presión de los grupos profesionales organizados para limitar la competencia. Es decir, no están pensadas para proteger al consumidor, sino para proteger al productor.
Impedir que alguien ejerza como arquitecto, economista o terapeuta por no tener una licencia específica es una forma de cerrar el mercado y excluir a potenciales innovadores. Los efectos son conocidos: servicios más caros, menor diversidad de enfoques y un freno al dinamismo social.
Una solución liberal: libertad de elección y certificación voluntaria
Ahora bien, no se trata de rechazar toda forma de control o estándar profesional. Desde una perspectiva liberal, la clave está en la opcionalidad. ¿Por qué no permitir que existan certificaciones privadas y que el cliente elija si quiere contratar a alguien certificado o no? ¿Por qué obligar a todos a pagar por licencias estatales cuando podrían convivir múltiples sistemas de garantía?
La propuesta es sencilla: el que quiera una licencia, que la obtenga voluntariamente, como señal de calidad frente al mercado. Pero no se debe impedir que quien no la tenga, pero cuente con la confianza de sus clientes, pueda ejercer también.
Así, en lugar de un sistema cerrado y coercitivo, tendríamos un entorno de libertad informada, donde los estándares se ganan su prestigio por méritos, no por decreto. Esto estimularía la innovación, la competencia y la verdadera responsabilidad profesional.
Reservas de actividad: una forma moderna de extractivismo institucional
Aunque Friedman no utilizaba estos términos, su crítica a las licencias profesionales puede leerse hoy a la luz del marco teórico de Acemoglu, Robinson y Johnson, autores de referencia en economía institucional. Para ellos, el desarrollo económico depende en gran medida del tipo de instituciones que rigen una sociedad: inclusivas, que abren oportunidades a todos, o extractivas, que concentran el poder y limitan la competencia para beneficiar a unos pocos.
Las reservas de actividad que blindan ciertos sectores profesionales son un caso claro de institución extractiva. No permiten competir en igualdad de condiciones, sino que preservan privilegios de casta bajo la apariencia de estándares técnicos. Y como toda institución extractiva, acaban empobreciendo al conjunto de la sociedad, aunque beneficien temporalmente a un grupo reducido.
Friedman lo intuía claramente cuando denunciaba que muchos colegios profesionales actuaban como gremios medievales disfrazados de organismos técnicos. El lenguaje cambia, pero la lógica es la misma: limitar quién puede trabajar, con qué condiciones y a qué precio.
Un mensaje que sigue vigente
En tiempos donde se vuelve a hablar de controles de precios, de reforzar las licencias estatales o de subir el salario mínimo como solución mágica, conviene recuperar el mensaje de los Friedman: no hay libertad económica sin libertad laboral, y no hay progreso para el trabajador sin un mercado abierto, competitivo y libre de coerciones estatales innecesarias.
Proteger al trabajador no significa decirle lo que puede o no puede hacer. Significa darle poder para decidir, para elegir, para probar, para aprender y para crecer. Y ese poder, en última instancia, sólo se garantiza en un entorno de libertad.
