1. La tesis de Friedman sobre la regulación
En el capítulo 7 de Libertad de Elegir, titulado “¿Quién protege al consumidor?”, Milton y Rose Friedman plantean una tesis provocadora: la regulación estatal, lejos de proteger al consumidor, a menudo lo perjudica, frenando la innovación, elevando los costes y restringiendo la libertad de elección. En su lugar, los Friedman proponen un sistema basado en la competencia, la transparencia y la responsabilidad individual.
El punto de partida es simple pero poderoso: cuando el Estado asume la tarea de proteger al consumidor, lo hace sustituyendo su juicio por el de burócratas, que no enfrentan ni los incentivos ni las consecuencias de sus decisiones. Peor aún, al concentrar poder regulador, se abre la puerta a la captura del regulador por intereses privados, generando una ilusión de protección que beneficia a unos pocos y perjudica al resto.
Los Friedman no defienden la ausencia de reglas, sino la existencia de reglas generales que garanticen la información veraz y el cumplimiento de contratos, pero sin caer en el paternalismo ni en el intervencionismo detallista.
2. ¿Qué pasa con los “free riders” cercanos al poder?
Uno de los argumentos habituales a favor de la regulación es que hay empresas que, sin supervisión, podrían aprovecharse de los consumidores. Pero Friedman advierte que el verdadero problema surge cuando esos aprovechados no actúan en el mercado, sino en los pasillos del poder.
Cuando el Estado se convierte en el árbitro de qué productos se pueden vender, cómo deben producirse o qué licencias son necesarias, crea incentivos para que ciertos grupos empresariales busquen capturar al regulador, obteniendo favores, subvenciones, barreras de entrada o información privilegiada. Es el fenómeno conocido como rent-seeking o “búsqueda de rentas”, que convierte al empresario innovador en empresario político.
En este contexto, los “free riders” ya no son pequeños oportunistas del mercado, sino grandes corporaciones con acceso al poder, que utilizan la regulación para bloquear la competencia, manipular precios o garantizarse beneficios a costa del consumidor.
La solución que proponen los Friedman no es más regulación, sino menos poder discrecional en manos del Estado. En un entorno de libertad económica, las empresas compiten por ofrecer mejores productos al mejor precio, no por influir en las reglas del juego. Así, el consumidor se convierte en el verdadero árbitro, no el burócrata ni el político de turno.
3. ¿Cómo se protege al consumidor en un mercado sin exceso de regulación?
Una de las preguntas clave que plantea el capítulo es: ¿cómo garantizar la seguridad o la calidad de los productos sin una maraña de normas? Los Friedman responden con una combinación de libertad, transparencia y responsabilidad legal.
Por ejemplo, en el caso de las medicinas, critican con fuerza el papel de la FDA en Estados Unidos. Aunque reconocen la necesidad de ciertas garantías básicas, denuncian que los procesos largos y costosos para aprobar medicamentos retrasan tratamientos que podrían salvar vidas. Además, estas exigencias favorecen a grandes farmacéuticas con recursos suficientes para navegar la burocracia, mientras marginan a pequeños innovadores.
Friedman sugiere un modelo donde las agencias como la FDA puedan certificar productos, pero sin prohibir su venta. Así, médicos y pacientes podrían elegir, con información clara, y asumir los riesgos de manera consciente. La competencia entre certificadoras privadas, los seguros, los tribunales y la reputación actuarían como mecanismos de control más eficaces que la regulación centralizada.
Algo similar ocurre en otros ámbitos, como la seguridad vial o la alimentación: si los consumidores tienen acceso a información fiable y pueden elegir entre opciones, las empresas tienen incentivos a ofrecer calidad y seguridad, so pena de perder clientes o ser demandadas por daños.
4. La lucha contra la hiperregulación: de Madrid a Buenos Aires
En la actualidad, el debate sobre la hiperregulación está más vivo que nunca. Dos ejemplos recientes lo ilustran con claridad: la Comunidad de Madrid y el gobierno de Javier Milei en Argentina.
En Madrid, el equipo del Director General de Economía Juan Manuel López Zafra ha promovido iniciativas para reducir trabas burocráticas y simplificar normativas, bajo la idea de que menos regulación significa más dinamismo, más empleo y más competencia. De hecho, está en preparación una Ley contra la Hiperregulación, que se presentará en la Asamblea de Madrid en los próximos meses. Desde la liberalización de horarios comerciales hasta la reducción de licencias, el gobierno de la Comunidad de Madrid lleva apostando por una agenda de libertad económica que, aunque criticada por sectores intervencionistas, ha tenido resultados económicos notables.
En Argentina, Milei ha llevado esta lógica al extremo con su “motosierra” regulatoria. Su enfoque, directamente inspirado por las ideas de Friedman y Hayek, busca desmantelar el entramado de privilegios, licencias, controles de precios y regulaciones que asfixian al sector productivo argentino. Aunque enfrenta enormes resistencias, su mensaje cala en una ciudadanía harta de un Estado ineficaz que regula mucho y soluciona poco.
Ambos casos comparten una premisa: el exceso de regulación no protege al ciudadano, sino que lo empobrece y lo hace dependiente del poder político. Friedman, sin duda, aplaudiría estos intentos por devolver protagonismo al mercado y a la libertad individual.
5. ¿Y si el Estado decide protegernos de nosotros mismos? Del airbag al coche autónomo
Una cuestión más profunda que plantea el capítulo es: ¿debe el Estado protegernos incluso de nuestras propias decisiones? Friedman responde con un claro no.
Un ejemplo clásico es el del airbag obligatorio. Aunque su intención es aumentar la seguridad, Friedman sostiene que obligar a todos a pagar por ese dispositivo elimina la libertad de elección. Si el airbag solo protege al conductor, ¿por qué imponerlo por ley? ¿No bastaría con que se informe al comprador de su existencia y eficacia, y que decida si quiere asumir el coste?
El problema de fondo es que, si se acepta el principio de que el Estado puede protegerte de ti mismo, no hay límite a lo que puede regular: podría prohibirse el alcohol, las comidas grasas, el alpinismo o incluso conducir por cuenta propia.
Este debate se actualiza hoy con la conducción autónoma. ¿Debe el Estado obligarnos a usar solo coches autónomos si estos son más seguros? Desde la lógica friedmaniana, la respuesta sería no: lo correcto es permitir su desarrollo y competencia, pero no imponerlos ni prohibir la conducción humana, salvo que haya externalidades claras sobre terceros.
En todo caso, el rol del Estado sería el de establecer reglas claras de responsabilidad en caso de accidentes, y garantizar la veracidad de la información. El resto debe dejarse al juicio de los individuos y a la evolución del mercado.
Conclusión
El capítulo 7 de Libertad de Elegir no solo es una crítica lúcida a la regulación excesiva; es una defensa firme de la libertad como mejor garantía de protección al consumidor. Friedman nos invita a desconfiar del paternalismo estatal, a identificar los intereses ocultos tras la regulación, y a confiar más en los mecanismos descentralizados del mercado.
En un mundo donde la hiperregulación amenaza con sofocar la innovación y la responsabilidad individual, la voz de Friedman resuena con más fuerza que nunca. Desde Madrid hasta Buenos Aires, la batalla por la libertad económica sigue vigente. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién protege realmente al consumidor?
