La teoría del Public Choice: una mirada económica a la política

La teoría del Public Choice aplica los métodos y herramientas de la economía a la comprensión de la política y el gobierno. Este enfoque se ha convertido en una de las ramas más influyentes de la teoría económica contemporánea, ya que ofrece un análisis más realista de la toma de decisiones colectivas y gubernamentales, destacando los incentivos, intereses y comportamientos de los actores involucrados en los procesos políticos. En lugar de ver a los actores políticos como seres altruistas que buscan el bienestar colectivo, el Public Choice los observa como agentes motivados por intereses personales, utilizando los mismos principios que rigen el comportamiento en el mercado para entender cómo se toman las decisiones en el ámbito político.

El modelo del Public Choice: Oferta y demanda en la política

Al igual que en la economía, el Public Choice identifica una relación de “oferta” y “demanda” dentro del sistema político. En este caso, los oferentes son los políticos, burócratas y funcionarios del gobierno, mientras que los demandantes son los votantes, los grupos de interés y las diferentes partes de la sociedad que buscan influir en las decisiones políticas. Este enfoque subraya cómo las decisiones políticas no son el resultado de un esfuerzo altruista o desinteresado por el bien común, sino de un proceso en el que los actores políticos maximizan su propio beneficio.

Los oferentes: políticos y burócratas

Los políticos y burócratas son los oferentes en este modelo. Los primeros están motivados por el deseo de obtener poder, estatus y beneficios materiales, mientras que los segundos buscan maximizar sus presupuestos y mantener o expandir su influencia dentro de la administración pública. Para alcanzar estos objetivos, tanto políticos como burócratas están dispuestos a tomar decisiones que favorezcan a los grupos de interés que los apoyan, en lugar de buscar el bienestar general.

Un aspecto clave en la teoría del Public Choice es que los políticos tienden a buscar el voto del “votante medio” o “median voter”, aquel que ocupa el centro del espectro político. Al centrar sus políticas en este votante, los políticos logran atraer una mayoría de votos sin alienar a grandes grupos de la población. Esta estrategia busca maximizar su probabilidad de ganar elecciones, pero no necesariamente promueve las políticas que maximizan el bienestar general. En cambio, se eligen políticas que aseguran la reelección y la permanencia en el poder.

Los demandantes: votantes y grupos de interés

Por otro lado, los demandantes en este modelo son los votantes y los grupos de interés. Los votantes, en su mayoría, tienen un interés limitado en las decisiones políticas debido a que el costo de informarse sobre los temas y votar de manera informada es alto, mientras que el impacto individual de su voto es mínimo. Esto lleva a lo que se conoce como “ignorancia racional”, donde los votantes no se esfuerzan por informarse a fondo sobre las políticas, pues saben que su voto por sí solo no cambiará el resultado electoral.

En este contexto, los grupos de interés juegan un papel fundamental. Estos grupos están mucho más organizados y concentrados que la masa de votantes, lo que les otorga una mayor capacidad para influir en las decisiones políticas. Gracias a la “racionalidad limitada” de los votantes, los grupos de interés pueden lograr sus objetivos mediante actividades de lobby, presionando a los políticos para que adopten políticas que beneficien a sus miembros, incluso si esas políticas no representan el interés general.

Rent-seeking y logrolling: el juego político detrás de la política pública

Dentro del sistema político descrito por el Public Choice, las dinámicas de rent-seeking y logrolling son comunes. El rent-seeking es el esfuerzo por obtener beneficios económicos a través de la manipulación del sistema político, en lugar de crear riqueza o valor. Los grupos de interés gastan grandes cantidades de dinero en actividades de lobby para asegurar ventajas especiales, como subsidios, regulaciones favorables o monopolios, que no se derivan de la competencia en el mercado, sino de la intervención del Estado.

El logrolling, por su parte, es el intercambio de votos entre políticos para aprobar iniciativas que beneficien a sus respectivos grupos de interés. Este acuerdo mutuo se basa en la premisa de que los beneficios específicos que reciben unos pocos son mucho más grandes que los costos dispersos que enfrentan el resto de los votantes o la sociedad en general. Así, un pequeño número de votantes o grupos concentrados pueden lograr una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas.

El “fallo del gobierno” y la pluralidad de intereses

Aunque la teoría del Public Choice reconoce que el gobierno es necesario en ciertas áreas, también destaca que la intervención estatal no siempre es la solución más eficiente. El concepto de fallo del gobierno se refiere a la idea de que, al igual que en los mercados, el gobierno también puede fallar en la asignación eficiente de recursos, ya sea debido a la corrupción, a la captura por parte de grupos de interés o a la falta de incentivos para hacer un uso eficiente del poder público.

Además, el Public Choice subraya que no existe un único “interés público”. En un mundo de pluralismo de valores, diferentes grupos y personas tienen intereses, valores y objetivos distintos. La política no puede ser vista como la búsqueda de un bien común universal, sino como un campo de batalla donde diferentes intereses se disputan el poder y los recursos. Por lo tanto, el proceso político está marcado por la competencia entre estos intereses, lo que hace necesario estudiar cómo se resuelven estas disputas y cómo el sistema político permite o impide que ciertos grupos impongan su voluntad sobre los demás.

La necesidad de restricciones constitucionales

Una de las conclusiones más importantes de la teoría del Public Choice es que, debido a los incentivos individuales de los actores políticos y a la influencia de los grupos de interés, es fundamental que el proceso político esté restringido por reglas constitucionales. Estas reglas pueden ayudar a mitigar el riesgo de que las decisiones políticas sean tomadas en beneficio de unos pocos, a costa de la mayoría.

Las restricciones constitucionales, como los límites al poder del gobierno, las reglas electorales y la protección de los derechos individuales, son vistas como mecanismos que pueden proteger a la sociedad de los efectos negativos del intervencionismo estatal y de la manipulación por parte de grupos de interés.

Principales autores del Public Choice

La teoría del Public Choice tiene sus raíces en el pensamiento de varios economistas y teóricos políticos. Algunos de los autores más influyentes en el desarrollo de esta teoría incluyen:

• James Buchanan: Considerado uno de los fundadores del Public Choice, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1986 por sus contribuciones al análisis de la toma de decisiones políticas. Buchanan destacó la importancia del individualismo metodológico en la teoría política y propuso que los políticos, como cualquier otro agente económico, actúan en función de sus propios intereses.
• Gordon Tullock: Otro de los pilares del Public Choice, Tullock contribuyó al estudio de la burocracia y el rent-seeking, analizando cómo los funcionarios públicos y los políticos buscan maximizar sus beneficios personales a través de la intervención en la economía.
• Mancur Olson: Su obra más conocida, La lógica de la acción colectiva, examina cómo los grupos de interés, aunque pueden ser pequeños, son capaces de ejercer una gran influencia en la política debido a su capacidad de organizarse y presionar por políticas que favorezcan sus intereses.
• William Niskanen: Niskanen fue un defensor del análisis del rent-seeking en la burocracia, mostrando cómo los burócratas pueden tener incentivos para aumentar el tamaño de sus agencias y presupuestos, incluso si esto no beneficia al bienestar social en general.

Conclusión

La teoría del Public Choice ofrece una visión crítica y realista de la política, mostrando cómo los actores políticos, como los votantes, los grupos de interés y los políticos, no buscan desinteresadamente el bien común, sino que están motivados por intereses personales. Al igual que en los mercados, los incentivos y las decisiones políticas están guiados por la maximización de beneficios personales, lo que puede llevar a un mal uso del poder político y a un fracaso del gobierno en la asignación eficiente de recursos. A través de esta perspectiva, el Public Choice pone en evidencia la importancia de limitar el poder del gobierno mediante restricciones constitucionales y de entender que la política es un campo de lucha entre intereses diversos y, a menudo, contradictorios.

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Capitalismo: ahorro y trabajo duru. Esta frase, atribuida al profesor Miguel Anxo Bastos de la Universidad de Santiago de Compostela, nos da pie a explicar cómo el proceso del ahorro puede llevarnos a vivir una vida más libre y menos dependiente de lo que el sistema político decida otorgarnos en cada momento.

Según la Real Academia Española de la lengua, invertir se define como “emplear, gastar, colocar un caudal” y “emplear u ocupar el tiempo”. Es decir, se trata de la utilización de un recurso limitado (como el tiempo o el dinero). La revista Forbes (2018) define inversión como “la actividad por la cual una persona física, una empresa o una institución destina sus ahorros o dividendos a otra actividad que le permita generar ganancias con el paso del tiempo y que tiene el objetivo de evitar la pérdida o derroche de dicho capital.”

Por lo tanto, para invertir es necesario disponer del recurso (dinero) que permita realizar la inversión. La fuente más normal de este recurso es el ahorro. En palabras de Francisco García Paramés (2016) “el ahorro lo acumula cada persona a ritmo distinto y con sacrificio variable con esa parte de nuestros ingresos que no dedicamos al consumo. El ahorro financia el desarrollo tecnológico y la creación de riqueza, a la que debemos la mejora continua de las condiciones de vida que disfrutamos en nuestro tiempo”.

De esta manera, una persona o familia que ahorre una parte del dinero que ingresa, podrá acceder a una fuente de riqueza futura, si sabe cómo invertir ese ahorro. Este no parece ser el caso más común en España, como se puede ver en la siguiente figura:

Ahorro en los hogares españoles. (Fuente: INE, 2019)

En 2018 el ahorro medio sobre la renta disponible fue de un 4,9%. Esto quiere decir que si la renta neta disponible, en ese mismo año, fue de 11.412 € por persona el ahorro sería de 559,19 € por año. En el mejor de los casos, ahorrando desde los 25 hasta los 65, se tendría ahorrado para la jubilación 22.367,52€, sin contar la inflación. Teniendo en cuenta una inflación del 2% anual, trascurridos esos 40 años, ese dinero tan solo valdría 9.969,21€.

Sin embargo, si esa misma cantidad ahorrada cada año, se invirtiera durante 40 años con una rentabilidad del 5,53% (rentabilidad del S&P500 durante los últimos 100 años sin tener en cuenta la inflación) tendríamos 81.214,53€, casi 4 veces más que ahorrando dinero sin invertirlo.

Más allá de lo que los fríos números indican, hay tres razones fundamentales para invertir: mantener el poder adquisitivo, generar unas rentas extra para la jubilación, y por último, el poder lograr la independencia financiera, que se detallan a continuación.

Mantener el poder adquisitivo:

El poder adquisitivo es la cantidad de bienes o servicios que se pueden obtener con una cantidad fija de dinero. Este concepto va de la mano del concepto de inflación, que es la subida del nivel general de precios de los bienes y servicios en una economía.

Por lo tanto, si se mantienen los ahorros como dinero líquido se estaría perdiendo en torno a un 2% todos los años, reduciéndose con ello el poder adquisitivo.

Rentas para la jubilación:

Como se ha explicado, el sistema de pensiones español funciona como un sistema de reparto. En él, los pasivos (los que reciben la pensión) se financian por medio de los activos (trabajadores). Siendo así, el sistema se sustenta gracias al dinero que se recauda cada año, y está ligado a los Presupuestos Generales del Estado. De esta manera, un jubilado que actualmente recibe su pensión, la recibe a partir del dinero que generan los trabajadores actuales y no el dinero que ha generado él mismo durante su carrera. Es erróneo por tanto pensar que “cobro una pensión porque he cotizado toda la vida”. Lo correcto es “he cotizado toda la vida para pagar las pensiones que se pagaban en ese momento”, y por tanto, “cobraré mi pensión en la medida que las circunstancias actuales lo permitan”.

Tal y como se ha detallado en la sección anterior, la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de factores fuera del alcance de cada persona individual. Pero el generar unas rentas futuras sí están en nuestro ámbito de actuación.

La independencia financiera:

Este es un concepto introducido por Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico Padre Pobre (2000), según el cual es posible vivir de rentas pasivas, que se generan por vías diferentes del trabajo. Estas rentas por lo general provienen de inversiones que se han realizado previamente. 

La propuesta por tanto es invertir en productos que proporcionen rentas recurrentes en el tiempo. Dos ejemplos de este tipo de productos podría ser comprar un inmueble para alquilarlo o comprar acciones de empresas que repartan dividendo. Y el alcanzar la independencia financiera supone que las rentas recibidas son suficientes para tener un nivel de vida básico.

En diversos foros de inversión españoles se fija este nivel en 1000 € netos mensuales. Tomando este valor como punto de partida, se puede estimar la inversión necesaria en el mercado inmobiliario o de valores. La rentabilidad del alquiler en la ciudad de Madrid en 2019 fue del 5.2%[1], lo que quiere decir que haría falta invertir en un inmueble de 230.000 € para obtener una renta bruta de 1000 € al mes. El cálculo del valor del inmueble para obtener 1000 € netos no se puede realizar de manera genérica, ya que depende del IRPF que tenga que pagar cada uno, pero se puede estimar en algún punto entre los 250.000 y los 300.000 €.

Para obtener 1000 € netos como retorno vía dividendos de inversión en el mercado de valores, un residente en España (retención del 19%) que invirtiera en valores con una rentabilidad por dividendo del 4% (ciertamente alta) necesitaría tener invertidos en bolsa 370.000  €.

Dado que en España en salario anual medio fue de 28.716 € en 2017, y el salario anual más frecuente de 17.501 €[2], es fácil ver que la independencia financiera es difícilmente alcanzable por la población general haciendo uso de las rentas del trabajo.

[1] https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/04/15/781816-la-rentabilidad-de-la-inversion-en-vivienda-se-situaba-en-el-7-6-en-el-primer

[2] https://elpais.com/economia/2019/06/21/actualidad/1561105583_765818.html

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