Los distintos enfoques de los proyectos de desarrollo rural experimentados hasta los años 80 se basaron principalmente en una concepción sectorial, con una planificación de arriba abajo y medidas simplemente de ayuda a los beneficiarios, en lugar de tratar de involucrar a la población local para ejercer como propios agentes de los proyectos de desarrollo.

La entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987, marcó el comienzo de la nueva política regional Comunitaria, reconociendo de forma implícita el cambio de enfoque del Tratado de Roma y constituyéndose el FEDER como un instrumento de carácter territorial destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en decadencia.

Comienza así una nueva etapa en donde los proyectos de desarrollo rural en el ámbito de la Unión Europea se enmarcan dentro de la política regional y de cohesión convirtiéndose en los principales instrumentos para contribuir a reducir las disparidades económicas y sociales existentes en el territorio comunitario (Comisión de la UE, 1999c).

 

Los Proyectos de Desarrollo: Instrumentos de la cohesión territorial

El objetivo del reforzamiento de la cohesión especificado en el Artículo 158 del Tratado está destinado principalmente a lograr un desarrollo armonioso de la Unión en su conjunto.

Con este objetivo, desde 1988 la Comisión Europea aplica una política de cohesión económica y social denominada “integrada”, es decir, destinada a utilizar de manera complementaria, los “Fondos Estructurales” europeos: el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), centrado en las infraestructuras y el desarrollo económico; el FSE (Fondo Social Europeo) que se propone promover políticas activas de desarrollo de los recursos humanos; el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola), más específicamente orientado hacia la modernización de la agricultura, la organización de los mercados agrícolas y la promoción de las actividades rurales.

Los proyectos de desarrollo impulsados por esta política tienen por objeto reducir progresivamente las disparidades socioeconómicas entre las regiones de Europa. Como apunta el segundo informe sobre la cohesión económica y social titulado “Unidad de Europa, Solidaridad de los pueblos y Diversidad de los territorios”, las disparidades y divergencias de desarrollo son todavía muy relevantes: en 1997 (después de diez años de aplicación de los Fondos Estructurales), el PIB regional per cápita en la Unión Europea se situaban todavía entre el 195% de la media comunitaria en el Estado Federado de Hamburgo (Alemania) y el 43% en Epiro (Grecia). Estas cifras además no ponen de manifiesto las importantes disparidades que existen dentro de cada región entre los espacios urbanizados y las zonas rurales, obteniendo éstas últimas niveles de rentas generalmente muy inferiores a la media de las regiones y Estados de los que forman parte (Comisión de la UE, 2001a).

Estas disparidades fueron la razón por la que en 1999 el Consejo informal de Ministros responsable de la planificación espacial y de la política regional formuló en Potsdam el Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario (EDEC), en el que se fijaron tres grandes objetivos: “un desarrollo urbano policéntrico y una nueva relación  entre las zonas urbanas y las rurales; la igualdad de acceso de todas las regiones europeas a la infraestructura, y la gestión prudente del patrimonio natural y cultural”.

La búsqueda de los mismos objetivos y la aspiración general de lograr un desarrollo espacial coherente y sostenible subyacen a la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, financiada por el FEDER así como por la ampliación de la Unión Europea al este que se llevará a cabo en los próximos años.

Todos estos elementos plantearán nuevos retos para los proyectos de desarrollo rural en el marco de la cohesión territorial, dada la importancia que continuará teniendo la reducción de las disparidades regionales y el tratamiento singular las zonas rurales.

El mapa de la siugiente figura muestra los tipos de regiones rurales y urbanas según el Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario y que son punto de referencia en la formulación de los proyectos de desarrollo.

Figura: Regiones del esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario. Fuente: Comisión de la UE, 2001

Prioridades de los proyectos de desarrollo rural

Crecimiento y competitividad para el empleo: Mejora del capital social

Siguen existiendo diferencias importantes que requieren atención entre las regiones: rentas regionales, dotaciones en infraestructuras, capital humano y competitividad de las empresas. Además, a pesar del descenso en las tasas de paro de la Unión, el nivel global de desempleo y sus disparidades regionales siguen siendo actualmente inaceptables. La creación de puestos de trabajo continúa siendo el principal reto estructural con que se enfrenta la Unión.

Los proyectos de desarrollo rural dentro de la próxima generación de programas deben formularse tratando de ayudar a continuar reduciendo todas estas disparidades, y sus efectos deben conseguir fomentar y mantener el empleo en las zonas rurales mediante el apoyo al crecimiento sostenible y el incremento de la competitividad en las regiones.

Los proyectos de desarrollo con mayor incidencia en el llamado capital humano son prioritarios, y deberán tomar, como así expresa la Comisión Europea en su documento Guía de los Pactos Territoriales a favor del Empleo (1999b), las referencias de los planes elaborados a partir de las Directrices comunes para el Empleo aprobadas por el Consejo, así como las políticas de empleo con arreglo al Fondo Social Europeo.

Diversificación y competitividad de las zonas rurales

En el caso concreto de las zonas rurales los proyectos de los Planes de Desarrollo Rural de los Fondos Estructurales y del FEOGA deben apoyar la diversificación de una estructura económica rural competitiva, basada en la promoción de nuevas actividades a través de programas integrados. Sus prioridades incluyen los siguientes aspectos:

• Fortalecer el sector agrícola para garantizar la competitividad de la agricultura y de la silvicultura mediante las inversiones necesarias en modernización, incluida la transformación y comercialización de los productos de la agricultura y de la silvicultura, con el objetivo de reducir los costes y mejorar la calidad, aumentando el valor añadido de la agricultura y manteniendo las explotaciones agrarias (principalmente, garantizando la sucesión por jóvenes agricultores) y protegiendo el entorno rural (medidas agroambientales).
• Mejorar la competitividad de las zonas rurales mejorando su acceso y favoreciendo la diversificación en nuevas actividades y la creación de empleo. Este objetivo incluye la promoción del turismo y el apoyo a la PYME, gran parte de las cuales ofrecen productos de elevada calidad prácticamente únicos. Asimismo, existen otras oportunidades en el ámbito de las energías renovables, entre ellas la generación de energía a partir de residuos urbanos en las zonas rurales próximas a las grandes aglomeraciones.

Conservar el medio ambiente y el patrimonio rural europeo: la protección medioambiental debe ser una prioridad esencial de la política rural, que incluya la protección del paisaje y los recursos naturales, la conservación de las zonas rurales tradicionales, el fomento del turismo rural y la rehabilitación de los pueblos.

Contribución al desarrollo sostenible

En virtud del Tratado de Ámsterdam, los proyectos de los planes y programas de desarrollo que se financien con los instrumentos de la Unión, tienen que contribuir simultáneamente y en su propio interés a largo plazo hacia el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente: en otras palabras, hacia el desarrollo sostenible anteriormente aludido.

El Consejo Europeo de Viena ha confirmado la prioridad política de la integración del medio ambiente en las políticas estructurales y agrícolas en el contexto de la Agenda 2000. Esto significa que las consideraciones de tipo medioambiental, y en particular el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y de protección de la naturaleza, deben incorporarse en la formulación y aplicación de los programas y los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (Comisión de la UE, 1999c).

La siguiente figura representa las tres dimensiones principales (sociocultural, económico-productiva y ambiental) que deben estar presentes en el enfoque integrado de los Proyectos de Desarrollo Rural Sostenible.

Figura: Enfoque integrado del Plan Comarcal. Fuente: Elaboración propia.

Igualdad de oportunidades

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es un principio democrático básico respaldado por el Tratado de Ámsterdam. Su incorporación en todas las políticas ya no es una opción, sino una obligación.

En este contexto, deben integrarse en todos los planes y programas de los Fondos Estructurales el principio de la igualdad de oportunidades, lo que supone por un lado formular proyectos de desarrollo encaminados a fomentar la igualdad de oportunidades y por otro incidir en todas las políticas generales para que en su fase de planificación se tengan en cuenta de forma activa y patente sus posibles efectos en la situación respectiva de mujeres y hombres. En este contexto los proyectos promovidos por mujeres son una prioridad en todas las políticas de desarrollo.