La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario presenta diversas posibilidades y mecanismos de apoyo para los Bancos de Alimentos en España. Esta ley tiene como objetivo prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria.
A continuación, se presentan algunos aspectos clave relacionados con los Bancos de Alimentos
- Priorización de la donación de alimentos: La ley establece una jerarquía de prioridades para la gestión de la pérdida y el desperdicio de alimentos, siendo la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para el consumo humano la primera prioridad para los excedentes alimentarios que no se puedan prevenir. Este es un principio rector para todos los agentes de la cadena alimentaria.
- Obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria: La ley obliga a los diversos agentes de la cadena alimentaria a promover acuerdos o colaboraciones para donar sus excedentes alimentarios a iniciativas sociales, organizaciones sin ánimo de lucro o Bancos de Alimentos. Las cláusulas contractuales que impidan explícitamente la donación de alimentos se consideran nulas.
- Apoyo a la Logística: La ley busca establecer las bases para que las iniciativas sociales y las organizaciones sin ánimo de lucro como los Bancos de Alimentos dedicadas a la donación de alimentos reciban los recursos públicos necesarios para cubrir la logística, incluyendo el transporte, la transformación y el almacenamiento, con el fin de facilitar el uso de alimentos no comercializados mediante la donación.
- Obligaciones Específicas de las Entidades Donantes: Las organizaciones dedicadas a la donación de alimentos, como los Bancos de Alimentos, tienen obligaciones específicas descritas en la ley. Estas incluyen:
- Garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados.
- Mantener prácticas de higiene adecuadas en la conservación y manipulación de los alimentos bajo su control y disponer de instalaciones y equipos adecuados, incluyendo refrigeración cuando sea necesario, para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.
- Realizar la donación y distribución de alimentos sin discriminación.
- Prohibir la comercialización de los productos donados, con las excepciones para las entidades contempladas en el artículo 5.4 de la Ley de Economía Social.
- Vincular la donación de los productos recibidos a la promoción de proyectos que faciliten el empleo y la inserción sociolaboral de personas vulnerables, trabajando desde una perspectiva comunitaria y de cohesión social.
- Proporcionar información alimentaria al beneficiario final de acuerdo con la normativa nacional y europea.
- Buenas Prácticas e Incentivos: La ley fomenta las buenas prácticas, como el fomento de la donación de alimentos con fines sociales por parte de las empresas que venden al consumidor y del sector de la hostelería. Las administraciones públicas también pueden implementar medidas para incentivar estas buenas prácticas.
- Planificación y Coordinación: El Plan Estratégico para la prevención y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos incluirá directrices para los programas regionales y objetivos mínimos de prevención y reducción. Este plan se elaborará con la participación de las partes interesadas pertinentes, incluidas las entidades que trabajan en el derecho a la alimentación. Además, las administraciones públicas tienen la obligación de asesorar, apoyar e informar a las iniciativas sociales y organizaciones sin ánimo de lucro que participan en la donación y redistribución de alimentos. También tienen la tarea de promover la creación de redes público-privadas y público-comunitarias para facilitar la coordinación en la prevención y gestión del excedente de alimentos.
- Abordar el Incumplimiento: La ley incluye un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
no realizar la donación de alimentos no vendidos, a los bancos de alimentos, pero aptos, puede considerarse una infracción leve.
Formación y sensibilización, un aspecto clave incluido en la ley
La Ley hace hincapié en la sensibilización y la formación en los distintos niveles de la cadena alimentaria para combatir el desperdicio alimentario. La ley identifica la falta de concienciación social como un factor que contribuye al desperdicio alimentario. Por consiguiente, exige diversas acciones relacionadas con la sensibilización y la formación:
- Obligación general de todos los agentes: Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de formar y sensibilizar a sus trabajadores y voluntarios sobre el desperdicio alimentario.
Derechos de los consumidores: Los consumidores tienen derecho a recibir información de las administraciones públicas y las empresas de la cadena alimentaria sobre las medidas para reducir el desperdicio alimentario en hogares y restaurantes, así como sobre los programas de prevención establecidos. - Obligaciones específicas de las administraciones públicas: Las administraciones públicas tienen la obligación específica de:
- Realizar campañas informativas y promocionales para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. ◦
Formar y sensibilizar a los consumidores sobre mejores hábitos de compra y planificación de menús (incluyendo opciones sostenibles como alimentos frescos, de temporada y locales), el aprovechamiento creativo de las sobras, las buenas prácticas de almacenamiento, la correcta interpretación de las etiquetas de fecha y el reciclaje. - Promover la prevención del desperdicio e informar a los consumidores sobre hábitos de consumo más responsables.
- Apoyar la investigación y la innovación en prevención y soluciones tecnológicas, así como la transferencia de este conocimiento a las empresas.
- Incluir elementos y medidas de concienciación e información para educar sobre la prevención de pérdidas y la reducción del desperdicio de alimentos en los programas de alimentación escolar.
- Buenas prácticas para empresas que venden al consumidor final: Las administraciones públicas, junto con las empresas que venden alimentos a los consumidores, pueden voluntariamente:
- Formar y sensibilizar al personal (tanto empleados como voluntarios) para que participen activamente en la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
- Mostrar información de las autoridades competentes sobre mejor planificación, compras sostenibles, aprovechamiento de las sobras, almacenamiento, interpretación de las etiquetas de fecha y reciclaje para sensibilizar a los consumidores. ◦
Promover campañas de información y concienciación para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y visibilizar su impacto económico, social y ambiental, concienciando sobre la necesidad de un consumo responsable. - Buenas Prácticas para el Sector Hostelero y Otros Proveedores de Servicios de Alimentación: Las administraciones públicas, junto con el sector hostelero y otros proveedores de servicios de alimentación, pueden:
Formar y sensibilizar al personal (tanto empleados como voluntarios) para que participe activamente en la prevención y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Promover campañas de información y concienciación para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y visibilizar su impacto económico, social y ambiental, concienciando sobre la necesidad de un consumo responsable. - Establecer programas de concienciación, educación y formación en colaboración con centros educativos o sociosanitarios, dirigidos al personal de cocina y comedor, así como al personal del centro y a los usuarios, para reducir el desperdicio de alimentos.
- Estrategias para el logro de los objetivos de la ley: Sensibilizar e informar a los agentes de la cadena alimentaria, otros proveedores de servicios de alimentación, los consumidores y la población en general se enumeran como estrategias clave para lograr los objetivos de la ley.
En resumen, la ley hace especial hincapié en la sensibilización y la formación como herramientas cruciales para combatir el desperdicio de alimentos. Esta responsabilidad recae en diversos actores, siendo las administraciones públicas clave en la educación de los consumidores y la concienciación, mientras que los operadores de la cadena alimentaria están obligados a formar a su personal. El objetivo es fomentar una cultura de consumo responsable de alimentos y la prevención del desperdicio en toda la sociedad.
El papel que adoptan los Bancos de Alimentos en relación con la sensibilización y formación en el marco de esta ley es clave, ya que la ley reconoce el papel de las “entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos” en varios aspectos relacionados con la prevención del desperdicio de alimentos.
Si bien la ley no obliga explícitamente a los bancos de alimentos a realizar amplias campañas de sensibilización pública, desde la Cátedra Bancos de Alimentos y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) vienen desarrollando conjuntamente el programa CORAL para sensibilizar sobre el hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos.
