El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha presentado su informe “Energía: una visión sobre los retos y oportunidades en América Latina y el Caribe”. En este, además de cuestiones sobre regulación, cambio climático, impacto ambiental o innovación y desarrollo, se analiza en profundidad la equidad social y el acceso universal a los servicios energéticos.
Pese a los importantes avances que experimentó la región de América Latina y Caribe en el combate a la pobreza y en la universalización del acceso a la energía (la región presenta globalmente la cifra de electrificación más elevada del mundo en desarrollo, 94%), más de 30 millones de personas aún carecían de energía eléctrica en 2011, y de estas, 21 millones eran pobres. Se estima que al menos una tercera parte de la población rural de ALyC sigue sin acceso al servicio de electricidad. En consecuencia, incrementar su acceso es, esencialmente, un tema rural. Sin embargo, esto no implica que existan múltiples problemas a ser abordados en las áreas urbanas.
Según el informe, muchos factores contribuyen a que se genere una brecha de acceso a fuentes modernas de energía en condiciones equitativas: ingresos bajos, ausencia de recursos para la construcción de infraestructura, la no disponibilidad de tecnologías adecuadas, marcos legales e institucionales débiles e, incluso, ausencia de voluntad y compromiso político.
Pese a formar parte del objetivo más amplio de lograr una mayor inclusión social, el acceso a servicios energéticos de calidad, como elemento fundamental de la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones ambientales de los grupos socialmente más vulnerables, es un tema que figura con poca relevancia en las políticas oficiales de los gobiernos. En los planes nacionales de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y las políticas energéticas de un número muy amplio de países de ALyC, no mencionan la relación entre energía y pobreza; y cuando se habla de ellas, no se las trata a fondo.
Los retos y desafíos señalados por el informe son:
• Es necesario diferenciar los conceptos de acceso y accesibilidad. Los datos muestran que alcanzar un alto grado de cobertura no implica necesariamente niveles significativos de consumo en el sector residencial. Resulta de vital importancia el acceso al equipamiento necesario que permite satisfacer en mayor cantidad y calidad los servicios energéticos, para lo cual resultan determinantes los niveles de ingresos.
• Las políticas sociales vinculadas al acceso a fuentes modernas de energía han estado dominadas por subsidios a la electricidad y a los combustibles. Sin embargo, en muchos casos la aplicación de subsidios genéricos, que carecen de una orientación específica a la población objetivo y de una garantía de adecuado monitoreo y seguimiento, ha implicado que dichos subsidios alcancen también a consumidores que deberían estar excluidos del beneficio, en desmedro de incrementos en la cobertura.
• Sin negar la necesidad, viabilidad y conveniencia de los subsidios como instrumentos de políticas de alivio a la pobreza energética, existe un potencial muy importante para su reorientación, diseñando esquemas de subsidios con un financiamiento adecuado mediante la movilización de fondos genuinos y permanentes. Estos deben ser aplicables bajo criterios transparentes, y que permitan su focalización en aquellos beneficiarios que deberían recibirlos.
• A pesar de que muchos países tienen programas que incluyen tarifas eléctricas subsidiadas, los pobres rurales generalmente no tienen servicio eléctrico y no se ven beneficiados por tales subsidios, generándose así una nueva brecha de desigualdad. En las zonas rurales se utilizan básicamente servicios energéticos “no modernos” –como la leña para actividades de cocción y calentamiento–, que son ineficientes y provocan daños en la salud.
• En áreas urbanas, la falta de una adecuada cobertura de las necesidades energéticas de la población pobre también ofrece incidencias sobre la salud, la igualdad de género, el trabajo infantil y las posibilidades de acceder a la educación. A ello se suma la precariedad jurídica, que es consecuencia muchas veces de la ocupación ilegal de tierras, de conexiones clandestinas a los servicios eléctricos y de la falta de un adecuado acceso a combustibles para usos de cocción y calentamiento de agua.
• También pueden conducir a problemas de sostenibilidad, tanto para las empresas prestadoras del servicio eléctrico, si los usuarios no están regularizados; como para el ambiente, si estos usuarios ilegales utilizan, por ejemplo, la electricidad para consumos calóricos, induciendo a mayores necesidades de generación que en cierto grado aumentan las emisiones de CO2.
• En algunos casos, parece necesaria la implementación de una reforma de las estructuras tarifarias y los sistemas de subsidios, con el propósito que satisfagan objetivos de cobertura, costos, equidad, eficiencia y reducción de impactos ambientales negativos. Esto implica la necesidad de vincular y considerar en simultáneo estrategias de acceso y programas de uso eficiente de la energía, que favorezcan una mayor coordinación con las empresas prestatarias del servicio. También se debe analizar la posibilidad de involucrar a las empresas en el financiamiento de equipos eficientes y destrucción de los ineficientes.
• Para localizar los problemas de pobreza energética y establecer prioridades y estrategias (que no se encuentran hoy en la agenda política de un modo orgánico o formando parte de las políticas energéticas), será necesario obtener mayor y mejor información.
