Este breve documento desarrollado por Oxfam define una serie de mejores prácticas que la organización cree que deben guiar las inversiones y operaciones de la iniciativa “Power Africa”. Las décadas de experiencia acumulada de Oxfam en ayuda al desarrollo y en medir la eficacia de la inversión pública en el desarrollo dan lecciones importantes en cuanto a la forma de incorporar salvaguardas sociales y medioambientales en el diseño y ejecución de este tipo de programas.
Oxfam cree que los países en desarrollo tienen derecho a desarrollar sus propios recursos de generación de energía, siempre que los gobiernos sigan los derechos humanos internacionales, las leyes y normas ambientales y los requisitos establecidos. La iniciativa “Power Africa” sigue una serie de principios de inversión diseñados para ampliar el acceso de energía y satisfacer las necesidades de los pobres de una manera sostenible y equitativa. Mientras que se incluyen algunas de las mejores prácticas internacionales en la ejecución de proyectos de este tipo, no está claro cómo se aplican esos principios entre agencias o cómo se aplican a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Hasta la fecha, las normas y estándares medioambientales y sociales que se aplican varían dependiendo de la naturaleza de la transacción y la relación con los socios. Las recomendaciones de Oxfam están destinadas a ayudar a que estándares como el “IFC Performance Standards” o las “World Bank Safeguards” funcionen, y deben utilizarse como pautas para mejorar el diseño y la implementación de estos estándares.
Las recomendaciones concretas son:
1. Evaluar y reportar beneficios públicos a favor de los pobres en todo el ciclo de vida del proyecto
2. Definición de todas las instalaciones asociadas del proyecto
3. Aplicar la categorización del riesgo que refleje con precisión los posibles efectos adversos
4. Participar en la consulta y el consentimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto
5. Proporcionar la transparencia y la disposición del público la información relativa a los contratos y los ingresos
6. Aplicar las garantías a intermediarios financieros
7. Habilitar evaluaciones rigurosas de las alternativas
