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La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en su Disposición adicional decimocuarta ya estableció la figura del Defensor Universitario, de forma que “… Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía…”

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en su artículo 43 indica que la Defensoría Universitaria se encargará de velar por el respeto de los derechos y las libertades del profesorado, estudiantado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, pudiendo asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios. Sus actuaciones vendrán regidas por los principios de independencia, autonomía y confidencialidad.